Al cumplirse 91 años de la destrucción del pueblo de Huancho Lima, declarado capital de la República del Tahuantinsuyo, no se han extinguido los ideales de justicia social para las grandes mayorías empobrecidas del Perú.
A las 9 de mañana del domingo 16 de diciembre de 1923, se produjo una masacre cuyo número de muertos y desaparecidos nunca se pudo conocer. Los autores intelectuales y materiales de fusilamientos, actores de robo de ganado y enseres, actuaron al amparo del régimen republicano-colonial de Augusto B. Leguía.
Después de un juicio que duró cuatro años, habiéndose encarcelado a los principales dirigentes sobrevivientes, el diputado civilista Juan de Dios Salazar y Oyarzábal, logró que el 12 de julio de 1927, se aprobara la ley sobre amnistía y corte de juicios sobre los sucesos de Huancané. Pero ese hecho no logró cerrar las heridas sociales ni borrar los acontecimientos de la memoria social del Perú.
El Centro Poblado Huancho Lima, ubicado en la provincia de Huancané, (Puno), carece de elementales servicios públicos y sociales. Alberga además a una población de niños que padecen desnutrición crónica. No hay siquiera una posta de salud a donde puedan acudir las personas accidentadas o enfermas. Tampoco reciben los programas sociales del gobierno central.
Sin embargo, transcurridos 90 años de los sucesos de Huancho Lima, los ideales de refundar el Perú, construir una sociedad pluricultural y multiétnica con derechos sociales para todos los peruanos, ahora más que nunca tienen plena vigencia.
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