El protocolo de aborto
terapéutico por fin se aprobó en nuestro país y, aunque se trate de un gran
paso adelante, para algunas mujeres llega tarde. Sus vidas podrían haber sido
totalmente diferente si es que este protocolo hubiera sido aprobado antes. Sin
embargo, están felices de que otras mujeres puedan, ahora, no tener que
enfrentarse a la muerte o a daños irreparables por un embarazo de alto riesgo.
En el Perú dos casos han sido
emblemáticos en la lucha por lograr la aprobación del Protocolo para el Aborto
Terapeútico. Dos historias tristes pero también valientes, dos jóvenes mujeres
que decidieron contar sus casos y emprender una lucha no solo por la aprobación
del reglamento que permita el aborto en situaciones de alto riesgo sino que se enfrentaron al Estado por el
reconocimiento y pago de justa una reparación y es que la ausencia de una política
clara les frustró la vida
Sus historias...
L.C,
vive postrada desde hace siete años a una silla de ruedas debido a que
se le negó el aborto terapéutico. Con apenas 13 años fue violada y, cuando
sospechó que se había quedado embarazada, pensó hasta en quitarse la vida.
A la violación y al embarazo no
deseado se sumó una terrible enfermedad agravada por la gestación. Por no
recibir la intervención, LC no podrá volver a caminar y la critarura tampoco
sobrevivió.
A pesar de todo, ella se muestra
contenta al conocer la aprobación del protocolo. Sabe que ha contrubuído para
que ello ocurra y claro que lo ha hecho.
“Para mí es una alegría inmensa,
ya que gracias a mí y a otras mujeres que hemos denunciado al Estado peruano
ante el Comité Cedaw (Naciones Unidas) hemos logrado que otras personas que
puedan pasar por esto, Dios no quiera, puedan acceder al aborto terapéutico,
procedimiento que se da para salvar la vida de la madre”, dice LC en una entrevista
publicada en promsex.org.
LC espera ahora una reparación
por parte del estado peruano. Explica que, debido al no haber recibido el aborto terapéutico, tanto ella como su
familia tienen que enfrentarse a unos gastos que, según dictaminó la CEDAW de
las Naciones Unidas, debería cubrir el Estado peruano desde hace 7 años.
El de LC no es un caso aislado.
Muchas son las mujeres que viven con penosas secuelas, víctimas de un embarazo
de alto riesgo.
Le ocurrió también a Karen
Llantoy. En el año 2001, esta joven peruana quedó embaraza y decidió tener al
niño. Sin embargo, unos meses después le anunciaron que su bebe era
anencefálico, es decir, carecía de hemisferios cerebrales y bóveda craneana,
por lo que moriría durante el embarazo o apenas naciera.
Por esta razón y por
recomendación del médico que le atendía, Karen decidió recurrir al aborto
terapéutico. Sin embargo, cuando casi un mes después acudió a la clínica para
ser sometida a un legrado uterino, el director del Hospital Arzobispo Loayza le
comunicó que no iba a ser posible realizar la intervención porque contravenía
los artículos 120 y 119 del Código Penal.
Tras esta negativa, la afectada
decidió acudir a Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después de
estudiar el caso, este órgano de la ONU determinó que el Estado peruano “tiene
la obligación de adoptar medidas para
evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro” y la “obligación de
proporcionar a la autora un recurso efectivo, que incluya una indemnización”.
Al igual que ocurre con LC, el
Estado peruano aún no ha cumplido esta obligación y desatiende las resoluciones
emitidas por las Naciones Unidas en ambos casos. En octubre del 2012 las
organizaciones Demus, Promsex y Cladem Perú le enviaron una Carta Abierta al presidente Ollanta Humala quién desde
entonces guarda silencio.
Los trastornos psicológicos de
Karen fueron tan duros que, finalmente, la joven decidió salir del país para
irse a vivir con su padre en el extranjero, en un lugar en el que pudiera
empezar de cero.
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